La defensa del derecho humano al agua por las comunidades en el Estado de México

La defensa del derecho humano al agua por las comunidades en el Estado de México

Desde la década de 1950, pueblos originarios pertenecientes al Estado de México, como los que habitan en el municipio de Coyotepec, Tecámac, Chalco, entre otros, se organizaron para brindar agua a sus comunidades a través de aportaciones económicas y faenas. De esta manera el pueblo logró desarrollar la infraestructura necesaria que les garantizó el acceso a agua de calidad de manera asequible mediante administraciones ciudadanas y autónomas; las cuales actualmente son reconocidas por el estado como grupos organizados de usuarios en la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (LAEMM).

No obstante, si bien dicha ley permite que los grupos organizados de usuarios presten el servicio de agua potable y hace referencia al derecho humano al agua; no se establece de forma clara y coherente en qué consiste, o cómo concibe el Estado de México la definición del derecho al agua y el de la participación ciudadana en los temas concernientes al agua como derechos humanos, lo mismo sucede con el derecho humano al saneamiento, a pesar de que los transitorios de la Reforma al Artículo 4to Constitucional del año 2012 reconocen expresamente estos derechos humanos y exigen que las normatividades federales y estatales sean armonizadas con él. 

Por otro lado, hasta el día de hoy sigue sin aprobarse una Ley General de Aguas a nivel federal que garantice el derecho al agua como un derecho humano, y aunque hay una propuesta de ley ciudadana impulsada por la Coordinadora Agua para Tod@s, Agua para la Vida; no se ha tomado en cuenta por las y los legisladores federales.

Lo anterior ha impedido consolidar una ley en el Estado de México que permita dotar de herramientas a los grupos organizados de usuarios, o a los sistemas autónomos y ciudadanos de agua potable, para dar cumplimiento a estos derechos humanos, respetando en todo momento sus usos y costumbres.

Además, en el Estado de México se ha buscado limitar e incluso erradicar el funcionamiento de los sistemas ciudadanos de agua potable con la intención de municipalizar estos servicios para concesionarlos posteriormente a una empresa privada que, con ánimo de lucro, prestará el servicio a las actuales y nuevas viviendas edificadas a raíz del proyecto Ciudades del Bicentenario. Tal empresa contempla construir aproximadamente medio millón de casas en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Zumpango y Tecámac para el año 2020.1

Este proyecto ha sido rechazado de manera reiterada por la población mexiquense, pues a pesar de haber sido cobijado bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica; los hechos indican que constituye un sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el derecho humano al agua, el derecho a la vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la no discriminación, a la participación, a la Información, a la igualdad y a un recurso efectivo, lo cual provoca un ambiente de tensión e inseguridad.

Como se puede ver, el agua ha sido uno de los principales problemas surgidos a raíz de los diversos megaproyectos de desarrollo urbano en el Estado de México que, como el proyecto Ciudades del Bicentenario, cuentan con una mala distribución demográfica.

La alta concentración de población en un lugar obliga a quienes prestan el servicio de agua potable a sobreexplotar los pozos y los mantos acuíferos con los que cuentan para garantizar que la población tenga acceso al uso y disfrute de agua para el consumo personal y doméstico, sin mencionar que otro tipo de empresas obtienen concesiones para explotar el agua con fines industriales lo cual genera consecuencias graves: contaminación del agua con productos químicos que imposibilitan su tratamiento para un posterior consumo, además de la construcción de represas que desvían los ríos de su cauce natural privando de este recurso vital a millones de personas. Los principales afectados son indígenas y campesinos, quienes se ven forzados a desplazarse al ver destruida su forma de vida, cultura y economía propia.

Con base en lo anterior se observa que:

  • De los diversos conflictos relacionados con el agua, la administración y distribución del agua potable ha comenzado a convertirse en un problema de alcances alarmantes.
  • Los sistemas autónomos ciudadanos de agua que subsisten en el Estado de México, y que durante décadas han demostrado ser viables, se encuentran ante una franca amenaza para su existencia, por lo que cada vez se hace más necesaria una Ley General de Aguas y una reforma a la LAEMM.
  • La reforma de dicha ley debe permitir que los grupos organizados de usuarios puedan administrar y prestar el servicio de agua potable de forma autónoma, considerando el hecho de que diversos pueblos del Estado de México han demostrado que: Abrir la puerta a la propia ciudadanía para que -sin fines de lucro- preste el servicio de agua potable; puede ser la vía idónea que permita garantizar el Derecho Humano al Agua.
  1. http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf
Explanada de Coyotepec, Edo. de Méx. Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Explanada de Coyotepec, Edo. de Méx. Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

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