Criminalización de Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

En la noche entre el 28 y 29 de octubre, cuatro defensores de derechos humanos, Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García fueron detenidos y tres de ellos acusados de delitos federales, incluyendo secuestro y robo agravado. Si son declarados culpables, pueden enfrentarse a hasta 40 años de prisión.

Los cuatro defensores de derechos humanos son miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación – SNTE. La Sección 22 es un sindicato de maestros que ha estado activo desde 1980. Entre sus actividades, la Sección ha organizado varias marchas y manifestaciones en diferentes partes de México con el fin de protestar contra la reforma educativa aprobada en 2013 sobre la base de que había sido aprobada sin consulta previa. La Sección 22 también es activa en el apoyo de los presos políticos en México, entre otras cuestiones de derechos humanos.

En la noche entre el 28 y el 29 de octubre de 2015, los cuatro defensores fueron detenidos en Oaxaca, México. Aunque la policía tenía órdenes de aprehensión, según se informa, estas no fueron presentadas a los defensores de derechos humanos. Jiménez García fue detenido por agentes armados no uniformados y que no portaban ningún tipo de identificación visible. Picaso Pérez fue detenido cuando viajaba en un vehículo privado, lo que indica que estaba siendo seguido. Los cuatro defensores de derechos humanos fueron llevados de Oaxaca a la Ciudad de México para ser presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Todos se encuentran actualmente detenidos en la prisión de Almoloya, que es una prisión de máxima seguridad cerca de la ciudad de México, a pesar de que sus casos están siendo investigados por Juzgados ubicados en la ciudad de Oaxaca.

Tras la detención, y en violación del procedimiento requerido por ley, los defensores de derechos humanos han estado sin comunicación con sus abogados y sin acceso a atención médica. Se presentó una acción de amparo el 29 de octubre, la cual ha sido parcialmente concedida, por lo que se espera que los defensores tengan acceso a su medicación. Sin embargo, hasta el 3 de noviembre, los representantes no habían logrado comunicarse directamente con los defensores detenidos y, en base a la poca información disponible, creen que los defensores mismos aún no conocen los cargos a los que se enfrentan. Los representantes también han presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los defensores de derechos humanos se enfrentan a acusaciones de robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, crímenes en contra de la riqueza nacional, entre otros, en razón de una serie de manifestaciones pacíficas y actividades que tuvieron lugar en julio de 2014, agosto 2014 y junio de 2015, en diferentes lugares del estado de Oaxaca.

En México se ha incrementado el uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la protesta social. Por ejemplo, la aplicación de tipos penales abiertos, vagos y ambiguos que criminalizan y restringen el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, entre ellos los delitos de “privación de libertad”, “ataques a las redes de comunicación” y “los crimenes contra la riqueza nacional”. Por otra parte, en México se hace uso indiscriminado de la prisión preventiva contra las personas que llevan a cabo actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.

Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la criminalización y falta de debido proceso en las detenciones de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, y teme por su integridad física y psicológica y su seguridad, así como de las dirigentes sindicales de la Sección 22, en un contexto de reciente hostigamiento y persecución judicial contra ellas. Front Line Defenders considera que la detención y los cargos presentados contra los cuatro defensores de derechos humanos están destinados a disuadirlos de llevar a cabo sus actividades pacíficas y legítimas en defensa de los derechos humanos en México, en particular los derechos a la educación y la libertad de reunión y asociación.

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