Aplazamiento de audiencia en el proceso contra el defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda

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21 de septiembre de 2015

 

México: Aplazamiento de audiencia en el proceso contra el defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda

El 11 de septiembre de 2015, los abogados de defensa del defensor de derechos humanos Sr Eduardo Arturo Mosqueda asistieron a una audiencia de amparo en contra de la prisión preventiva a la que el mismo está siendo sujeto. El juez aplazó la audiencia hasta el 30 de septiembre de 2015, para dar a los querellantes tiempo de revisar toda la documentación. Hasta entonces, Eduardo Arturo Mosqueda permanecerá en detención preventiva.

Eduardo Arturo Mosqueda es un abogado de derechos humanos y del medio-ambiente que actualmente trabaja con el Instituto de Derecho Ambiental – IDEA. IDEA es una organización colaboradora de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental que trabaja en Jalisco y Colima, México.

El 22 de julio de 2015, Eduardo Arturo Mosqueda trabajaba en nombre de IDEA conjuntamente con los líderes del pueblo Nahua de Ayotitlán en elEstado de Colima. Durante los últimos años, diversas organizaciones de derechos medio-ambientales e indígenas en Colima, México, han estado enfrentando amenazas, ataques, estigmatización y criminalización de forma continuada como resultado a su oposición a una concesión minera otorgada sobre las tierras de la comunidad indígena Nahua en Zacualpán. La comunidad Nahua está en oposición a la concesión de 1.200 ha de su territorio a la minera de hierro Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA. El defensor de derechos humanos y los líderes de la comunidad estaban monitoreando la devolución efectiva de las tierras sobre las cuales la comunidad ganó acceso gracias a una orden legal emitida en 2013. Durante la ejecución de dicho trabajo, Eduardo Arturo Mosqueda fue detenido, junto con 33 personas más, en una operación llevada a cabo por laProcuraduría General del Estado, la policía estatal de Colima y trabajadores de la empresa minera. El defensor de derechos humanos intentó explicar su trabajo a los funcionarios, así como la legitimidad del movimiento de la comunidad Nahua. En respuesta fue amordazado y golpeado. Además, se ha denunciado que miembros de la comunidad, inclusive niños, fueron golpeados durante la operación.

El 24 de julio de 2015, el defensor de derechos humanos fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Colima. Una petición de cambio de célula fue concedida y ahora comparte la celda con una persona más. Se está enfrentando cargos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo. Los querellantes en el caso son empleados de la empresa minera. El defensor de derechos humanos es el único del grupo de 34 detenidos que sigue detenido y mantiene todos los cargos en su contra. Aunque los otros 33 miembros de la comunidad Nahua detenidos inicialmente enfrentaban los mismos cargos, fueron posteriormente liberados, y ahora enfrentan cargos de despojo únicamente.

En el 2013, la comunidad Nahua de Ayotitlán interpuso un amparo exigiendo el reconocimiento legal de sus derechos a la tierra. Un juez administrativo del 4° distrito emitió una orden otorgando el acceso libre a la comunidad a todas las tierras reclamadas, y suspendió el uso de las mismas por la empresa minera hasta que el caso fuese resuelto.

Front Line Defenders está sumamente preocupado por la encarcelación del defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda, puessostenemos que se relaciona únicamente con su labor pacífica y legítima en la defensa de los derechos humanos en México.

Front Line Defenders insta a las autoridades mexicanas a que:

  1. Inmediata e incondicionalmente liberen y retiren los cargos en contra de Eduardo Arturo Mosqueda, pues entendemos que el defensor de derechos humanos está detenido únicamente como resultado de su labor pacífica y legítima en la defensa de derechos humanos;

  2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las alegaciones de uso excesivo de la fuerza en contra de la comunidad Nahua el 22 de julio de 2015 con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

  3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

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