Ponencia del foro “Resistencia civil ante los megaproyectos y su lucha por el territorio y los bienes comunes”

10 de abril del año 2015

En el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) nos hemos percatado de la existencia de una disputa constante entre la población del Estado de México y las administraciones gubernamentales de dicha entidad federativa por la obtención de bienes comunes, entre los que destacan el agua y la tierra. Esta disputa se intensificó a partir del año 2007, cuando el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, propuso el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, mismo que plantea los siguientes objetivos:

Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones de desarrollo, orientando el crecimiento a las zonas más aptas para usos urbanos, de acuerdo a las condiciones naturales del territorio y al potencial para dotar oportunamente de infraestructura, equipamiento y servicios.
Promover la infraestructura estratégica de la entidad, fundamentalmente la relacionada con las comunicaciones, agua potable, drenaje y energía eléctrica, como detonadora del desarrollo socioeconómico de la entidad.

Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones físicas que permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores sociales.
Dicho proyecto ha tenido continuidad en la presente Administración (2011-2017) puesto que está proyectado para concluirse hasta el año 2020. Esto ha generado que diversas poblaciones dentro del territorio estatal, hayan sido despojadas del uso y disfrute de los diversos bienes naturales que han conservado y protegido, pues la finalidad del gobierno mexiquense es tomar esos bienes para consolidar las “Ciudades del Bicentenario”, escondidos bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, aunque en la realidad de los hechos, constituye una violación grave a diversos Derechos Humanos reconocidos en México como el Derecho Humano a la Vivienda, al Agua, a una Vida Digna, a la Salud, a un Medio Ambiente Sano, a la No Discriminación, a la Participación, a la Información, a la Igualdad y a un Recurso Efectivo, y esto sólo por mencionar algunos.

Lo anterior ha provocado un ambiente de tensión e inseguridad, aunado a un clima de represión ante las distintas manifestaciones de inconformidad por dichas violaciones, por  pueblos y organizaciones como las que hoy nos encontramos aquí.

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario La Jornada el día 11 de marzo del año 2015, intitulado “Estado de México: auge de empresas inmobiliarias sin desarrollo urbano” se afirma, respecto al proyecto “Ciudades del Bicentenario” que el paisaje en el estado de México es desolador pues grandes extensiones de tierra las cuales se utilizaban para el cultivo, hoy están cubiertos con toneladas de cemento por la construcción de miles de casas.  
“Los tres gobiernos estatales recientes (encabezados sucesivamente por Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila) impulsaron la construcción de casi un millón de casas en la zona conurbada al Distrito Federal.

Sin embargo, al menos 400 mil están desocupadas, en gran medida porque ni las inmobiliarias ni las autoridades cumplieron con la dotación de servicios básicos ni crearon condiciones dignas para vivir.

De noviembre de 1999 a enero de 2015 la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno mexiquense otorgó permisos para la construcción de 396 fraccionamientos que suman 720 mil 422 viviendas de interés social, cifra única en el país, de acuerdo con la dependencia.
Tecámac, Huehuetoca y Zumpango acapararon la mayor cantidad de permisos; allí se han construido 309 mil 698 viviendas, casi 43 por ciento del total.
Estos tres municipios eran de vocación agrícola y reservas territoriales; hoy están colmados de casas con escasez de agua potable, saturación vial y falta de servicios públicos.” 

Todo lo anterior, ha arrojado como resultado que miles de casas en los seis municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango, donde se edificaron las Ciudades del Bicentenario, hayan sido abandonadas en los últimos años y por lo tanto se han convertido en lugares propicios para la delincuencia organizada.

Tan sólo en el municipio de Zumpango en el año 2014, la Procuraduría de Justicia del Estado de México recibió 428 denuncias por robo a casa habitación, 35 de ellas con violencia, según datos proporcionados por la dependencia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Lo anterior equivale a más de un robo al día (1.17) denunciado ante el Ministerio Público, esto sin olvidar que las autoridades estiman que por cada tres robos sólo uno es denunciado.

Tan sólo en Huehuetoca y Zumpango existen más de 15 mil casas abandonadas debido a la falta de empleos y al alto costo en pasajes, donde, según datos recabados por el diario “El Universal”, una persona debe pagar hasta 150 pesos al día para llegar a su trabajo en el área metropolitana, perdiendo mínimo 4 horas de su tiempo en traslados. 

Evidentemente, esta rutina merma de manera drástica la calidad de vida de las personas y esto, los pueblos como Coyotepec, Apaxco, San Salvador Atenco y San Francisco Magú, lo han entendido muy bien. ¿Por qué querrían ellos abandonar su modo de vida basado en el respeto a la naturaleza por una vida como la que hemos venido describiendo?

Uno de los principales problemas nacidos a raíz de megaproyectos de desarrollo urbano con una mala distribución demográfica, como las Ciudades del Bicentenario, ha sido el del agua, pues la alta concentración de población en un lugar obliga a quienes prestan el servicio de agua potable a sobreexplotar los pozos y mantos acuíferos con los que cuentan para garantizar que la población tenga acceso al uso y disfrute de agua para el consumo personal y doméstico. Además de que no puede ser cualquier agua, sino que debe cubrir los estándares de calidad y además ser suficiente para cubrir las necesidades de todas las personas, en ese sentido la Organización Mundial de la Salud, se ha pronunciado porque todas las personas cuenten con un mínimo de 50 a 100 litros diarios de agua. Esto en México es una realidad cada vez más difícil. De acuerdo con datos de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), en México existen cerca de 9 millones de personas que no cuentan con agua entubada y otros 13 millones que, a pesar de tenerla, la reciben contaminada por falta de saneamiento, lo cual significa que cerca del 20% de la población total del país no tiene acceso al agua potable. Además, en muchos lugares del país la distribución del agua se hace mediante tandeos con pipas y en otros tantos existen cortes intermitentes al suministro.
Esta situación se agrava cuando a través de concesiones permitidas y protegidas por legislaciones de agua, como la del Estado de México y la que se pretendía aprobar en fechas recientes en la Cámara de Diputados, las empresas transnacionales se apropian de la administración del vital líquido, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la población. Es decir, lo que antes era un bien público vital, ahora podría convertirse en una mercancía a la que accederán solo las personas que puedan pagar por ella, y esto sin mencionar que otro tipo de empresas obtienen concesiones también para explotar el agua para uso industrial, contaminándola con productos químicos que imposibilitan su tratamiento para un posterior consumo, construyendo además represas y desviando los ríos de su cauce natural privando del bien a millones de personas, particularmente a indígenas y campesinos, quienes se ven forzados a desplazarse al ver destruida su forma de vida, cultura y economía propia.

Sin embargo, no todo es obscuridad, pues frente a este panorama tan desolador, diversos pueblos indígenas y campesinos han iniciado, no sólo en el Estado de México sino en todo el país, procesos de articulación para la defensa de los bienes naturales, a través de sistemas basados en usos y costumbres lo cual les permite generar, consolidar y mantener mecanismos de toma de decisiones comunitarias, así como el fortalecimiento de su autonomía. Claro ejemplo de ello, son los pueblos aquí presentes, quienes con sus propias especificidades y respetando sus propios procesos han resistido.
Por último, no me quiero ir sin refrendar la idea de que es necesario “construir un mundo donde quepan muchos mundos” y en este sentido, tanto metafórico como literal, es claro que la planeación y edificación urbana deben jugar un papel mucho más sensible, pues no se trata de construir limitándose únicamente al plano material y económico, sino que deben incluir perspectivas mucho más plurales e inclusivas, tomando en cuenta las necesidades étnicas, de género y ambientales. 

Ponente: Itzia Miravete Veraza

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